CAPITOLIO---El Departamento de Justicia mostró reservas hoy a un proyecto que ordenaría a esa agencia establecer en conjunto con el Departamento de Educación (DE), un registro confidencial de estudiantes del sistema de educación pública que hayan sido convictos por la comisión de algún delito grave o tentativa y/o estén siendo procesados por algún delito o falta en un tribunal competente.
Así lo dio a conocer hoy la licenciada Vanesa Sánchez, directora interina de la Oficina de Legislación del Departamento de Justicia, al comparecer a una audiencia pública de la Comisión cameral de lo Jurídico y de Ética que evalúa una medida sobre ese particular.
“Nuestra reservas sobre ésta medida (P. de la C. 1948), se ampara ante el marco legal que establece la Ley de Menores de Puerto Rico, que es la que atiende la delincuencia juvenil”, dijo Sánchez, quien tuvo a su cargo la lectura de la ponencia del secretario interino del DJ, Guillermo A. Somoza Colombani.
Sánchez explicó que la Ley de Menores, fue elaborada siguiendo un enfoque humanista que intenta promover, principalmente, la rehabilitación del menor.
“En ese aspecto, la confidencialidad del proceso del menor es un elemento importantísimo en la filosofía que enmarca la Ley de Menores (Ley 88 de 1986)”, aseguró Sánchez. Añadió que “en ese aspecto, los expedientes en los casos de menores se mantendrán en archivos separados de los de adultos y no estarán sujetos a inspección por el público, excepto que estarán accesibles a inspección por la representación legal del menor previa identificación y en el lugar designado para ello”.
A preguntas de la representante Liza M. Fernández Rodríguez, presidenta de la Comisión que evalúa la referida medida, Sánchez afirmó que “una vez se detecta la conducta criminal de un menor, a temprana edad, es posible moldearlo a tiempo y propiciar su desarrollo en un ciudadano cumplidor de las leyes. De ahí que nuestra legislación, en materia de menores, busque protegerlos del escrutinio público y así disminuir el daño que esto pueda causar en su autoestima”.
El registro que propone el proyecto, no considera el momento procesal ni la gravedad de la falta imputada, agregó Sánchez. Señaló que le preocupa el hecho de que el propuesto estatuto avala la inclusión en el registro de menores que estén siendo procesados, sin que haya recaído una sentencia que determine que el menor ha incurrido en falta más allá de duda razonable.
“Si la intención legislativa es propiciar un ambiente escolar seguro, sugerimos que, en lugar de crear un registro compartido, se autorice a que el tribunal, como parte de la medida dispositiva, ordene a los Especialistas en Relaciones de Familia del Tribunal de Menores proveer información a los trabajadores sociales que laboran en la escuela donde estudia el menor”, sostuvo Sánchez.
El Departamento de Educación, que estuvo representado por Ramón Rivera López, director del Programa de Alternativas en Prevención y Servicios Sicológicos al Estudiante (PAPSSE) también mostró reservas a la medida.
“En el proyecto se deben presentar las garantías necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución de Puerto Rico en cuanto a la protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y la vida privada o familiar”, dijo Rivera López al indicar que la escuela es el lugar idóneo para que los estudiantes aprendan el significado de la democracia y el respeto a la ley. “No podemos enseñarles estos principios y a la vez violarles sus derechos fundamentales”, enfatizó Rivera López quien leyó la ponencia de la secretaria del DE, Odette Pineiro Caballero.
Rivera López recomendó que la medida incluya un mecanismo para que el Secretario de Justicia haga llegar al Departamento de Educación la información de estudiantes que hayan sido convictos y/o estén siendo procesados por algún delito grave o tentativa de cualquier tipo de falta y a su vez se establezca un mecanismo que garantice que esa información será incluida en forma confidencial en el expediente del estudiante.
“Entendemos que el expediente del estudiante provee para incluir información confidencial sin necesidad de establecer otro tipo de registro”, terminó diciendo Rivera López.
JVR
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